Este artículo se publico originalmente en: https://medium.com/@salomneid/regulación-fintech-en-latinoamérica-méxico-cf252a1b8772
Recientemente, México viene desafiando a Brasil por el título de principal mercado de fintech en Latinoamérica. Si bien la presencia de compañías de tecnología financiera (“fintech”) en México fue impulsada en 2012 por el auge de startups en el país, un panorama de empresas emergentes más maduro y la predisposición de los legisladores para colaborar con la industria son algunos de los factores que justifican el modo en que México se está convirtiendo en el ecosistema de fintech más fascinante de la región.
México es el país hispanohablante más poblado de Latinoamérica y tiene el grupo más diverso de fintechs de la región. Los servicios de estas fintechs se centran en soluciones de pago y plataformas de finanzas alternativas, pero también varían de startups de tecnología aplicada a los seguros (insuretech) a servicios de ahorros e inversiones. Además, México alberga las compañías de fintech más desarrolladas de la región: casi un tercio de ellas tiene cuatro años o más de actividad, y más de un tercio tiene 100 empleados o más.
Como resultado, México también posee el ecosistema de fintech mejor financiado de Latinoamérica. La afluencia de inversión en el sector se encuentra hace varios años en una trayectoria ascendente, donde algunas compañías como Kueski y Clip recibieron, hasta el momento alrededor de $38 millones y $17 millones, respectivamente. Estos fondos permitieron a las fintech mexicanas prestar servicios a medio millón de clientes en 2017.
Estas cifras de inversión pueden no parecer significativas cuando se comparan con una población de 120 millones de habitantes, pero resultan muy relevantes cuando se colocan en el contexto de un mercado fintech que se proyecta tendrá más de 110 millones de usuarios potenciales en menos de cinco años.
A pesar del crecimiento y las cifras prometedoras, parte de la comunidad de fintech sentía que se necesitaba una regulación especializada para brindar más certeza a los inversores, los usuarios y las compañías que componen el ecosistema. La mayoría de las compañías de fintech estaban históricamente reguladas por el marco legal general aplicable a las actividades financieras, en lugar de productos o servicios financieros basados en tecnología. La startup de financiamiento colectivo Kubo Financiero, que en 2015 se convirtió en la primera plataforma autorizada de préstamos de persona a persona (crowdfunding), es uno de los pocos ejemplos de interacción de las autoridades reguladoras con compañías de fintech. Por el contrario, otra parte de la industria operaba según regulaciones diseñadas con los servicios financieros tradicionales (no de tecnología) en mente, o bien, operaba en un área indefinida.
Como es muy a menudo el caso en el terreno financiero, la incertidumbre no crea un entorno propicio para la inversión extranjera. “Muchos inversores extranjeros que se acercaron a nosotros y nos dijeron: ‘Creemos que México es un mercado interesante y queremos trabajar en el país’”, indica el experto legal en fintechs Javier Soní. “‘Solo necesitamos una opinión de que nuestro modelo de negocio puede reproducirse legalmente aquí’. La falta de regulación no permitía que los abogados den este consejo con seguridad y, por lo tanto, la falta de certeza legal estaba deteniendo la inversión extranjera”.
Es en este momento que entra en el escenario la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). Los legisladores de México decidieron abordar los nuevos modelos de negocio y las tecnologías creadas por las fintech a través de un proyecto que se sancionó en ley en marzo de 2018. La legislación tiene como objetivo hacer que el público en general tenga mayor acceso a los productos y servicios financieros a través de la tecnología, y es la primera regulación de Latinoamérica que intenta cubrir todos los sectores relacionados con las fintech en una sola iniciativa.
Las conversaciones sobre el proyecto de ley se originaron en 2015 cuando Fintech México, un colectivo de las compañías y los emprendedores de fintech más prominentes de México, se acercó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abrir el diálogo respecto de cómo permitir que la industria avance al próximo nivel. “Uno de nuestros mayores logros como Fintech México fue acompañar a las autoridades en este proceso de aprendizaje mutuo desde el inicio”, comenta Jorge A. Ortiz, socio gerente de la empresa de asesoría y centro de estudios de fintech The FinTech Hub, y fundador y expresidente de Fintech México. A partir de estas conversaciones, las autoridades mexicanas comenzaron a asistir a eventos de fintech en el Reino Unido y a reunirse con sus homólogos que supervisan estas actividades allí, y esto, finalmente, permitió que Fintech México y otras partes interesadas de la industria participen activamente en la conversación con respecto al anteproyecto de la Ley Fintech. “Creo que esto ayudó a la Secretaría a elaborar un primer anteproyecto de la Ley Fintech que estaba más en sintonía con la realidad de la industria de fintech en el país”, agrega Soní.
La nueva Ley Fintech regula fundamentalmente dos áreas: un nuevo marco de concesión de licencias para compañías de fintech y las operaciones con activos virtuales (un término general usado en el proyecto de ley que abarca las criptomonedas).
Según el nuevo marco de concesión de licencias, las compañías deben obtener una autorización para operar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de tres propósitos corporativos diferentes: Instituciones de Financiamiento Colectivo, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y una categoría general denominada Empresas Innovadoras, que servirá como zona protegida (o sandbox) para futuros modelos de negocios innovadores que no estén cubiertos por las dos primeras categorías.
En cuanto al financiamiento colectivo, estas instituciones pueden celebrar acuerdos de intermediación de deuda, de participación de capital y de coparticipación similares a los arreglos de empresas en participación y regalías (joint venture). La ley también procura aumentar la seguridad de los clientes y, para ello, exige la separación entre los fondos propios de las instituciones de financiamiento colectivo y los de sus usuarios, de modo que no queden implicados en procedimientos de quiebra y que estén protegidos de las reclamaciones de acreedores, una protección semejante a la que se observa comúnmente para las instituciones financieras tradicionales.
Asimismo, la ley incluye las instituciones de fondos de pago electrónico, cuyas operaciones implican recibir fondos de sus usuarios y convertirlos en fondos electrónicos. Estos fondos pueden ser recolectados en moneda de curso legal tanto local como extranjera, o con activos virtuales (como criptomonedas). Esto último implica que los servicios de criptocarteras y de intercambio de criptomonedas, en lugar de constituirse como tales, tendrán que operar como instituciones de fondos de pago electrónico y obtener una licencia para manejar activos virtuales. Además, la ley les permite a las instituciones de fondos de pago electrónico negociar con entidades similares e instituciones financieras en el extranjero, lo que les permite ofrecer servicios de remesa a sus clientes.
En relación con las criptomonedas, la regulación de esta actividad finalmente se incluyó en el anteproyecto aprobado por el Senado a pesar de las declaraciones iniciales por parte del gobierno que la regulación específica de esta actividad no era necesaria debido a que la industria de criptomonedas de México es relativamente pequeña, y que la promulgación de reglas podría percibirse como una como un incentivo para una mayor adopción de la tecnología por parte del público en general. La inclusión de la regulación de activos virtuales definitivamente aporta certeza legal a los servicios de cambio de criptomonedas y, en última instancia, los ayudará a establecer colaboraciones con los bancos para expandir su negocio y la captación de clientes. La ley también permite que las instituciones de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico usen activos virtuales en sus operaciones y abre la puerta para que el Banco de México (el banco central de México) regule los como derivados que utilicen activos virtuales como activos subyacentes.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva Ley Fintech es la inclusión de lo que parece ser la regulación del estándar de banca abierta más amplia del mundo (open banking). El objetivo del concepto de banca abierta es lograr que las instituciones bancarias tradicionales compartan los datos de sus clientes con terceros — entre ellos, las compañías de fintech — de una forma segura y estandarizada para que las compañías más pequeñas puedan competir con instituciones financieras tradicionales. Este concepto, que se implementó recientemente en el Reino Unido y obligó a los bancos más grandes del país a abrir el acceso a sus datos, se consideró un movimiento temerario pero al mismo tiempo necesario para mejorar el sistema bancario del país. El estándar de banca abierta de la Ley Fintech de México tiene un alcance considerablemente mayor y es mucho más ambicioso.
“Para darte una idea de la magnitud de este cambio: el estándar de banca abierta del Reino Unido, que es el ecosistema de fintech más avanzado del mundo, abarca las nueve instituciones financieras principales del país y un producto financiero, las cuentas corrientes”, explica Ortiz de FinTech Hub. Lo que actualmente tenemos en México cubre toda la industria financiera, y todos los productos y servicios financieros que esta ofrece. Con esto, los nuevos competidores tendrán acceso a los datos que necesitan para crear nuevos productos y servicios.”
Sin embargo, tendremos que esperar la regulación secundaria para ver cómo se implementa este estándar, como es el caso con la mayoría de las disposiciones importantes de la Ley Fintech. Este sistema legislativo de dos niveles, en el que la ley define los principios fundamentales y la regulación secundaria completa los vacíos, es común en Latinoamérica, pero adquiere especial importancia a la hora de regular las fintech, ya que permite que el marco legal se adapte más fácilmente a la innovación sin requerir el proceso engorroso de negociaciones legislativas y voluntad política que este tipo de decisiones generalmente supone. Este sistema de dos niveles también permitirá que exista un período de adaptación en el que las diferentes autoridades reguladoras tendrán tiempo de comprender cómo funciona el sistema de fintech y cómo regularlo sin impedir su desarrollo o limitar la competencia en el mercado. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros prevé que le espera un período muy activo después de que se promulgue la ley donde tendrá que analizar cuál es el mejor camino para proteger a los consumidores sin sobrecargar la actividad de las fintech con reglas innecesarias. “El diablo estará en los detalles en esta ley más que en cualquier otra”, afirma Eduardo Guraieb, gerente general de Fintech México. “La legislación secundaria será primordial para el éxito o el fracaso de la ley, y comenzaremos a ver los primeros resultados de esta dinámica aproximadamente en un año.”
“Los abogados serán fundamentales para guiar a los emprendedores en el nuevo régimen regulatorio, y habrá una gran demanda de expertos que puedan liderar a los participantes del mercado de fintech para que cumplan la norma y al mismo tiempo administren sus negocios de manera eficaz; esto requerirá un enfoque integral que incluya todos los aspectos legales”, agrega Eliseo Vite, gerente senior de Ernst & Young México.
Sin embargo, la Ley Fintech no está libre de críticas. Existen inquietudes de que la ley desvirtúa algunos modelos de negocio de las empresas de fintech y aumenta los costos regulatorios de todo el sistema, y que esto podría obstaculizar la innovación y el crecimiento del mercado.
Más específicamente, en el caso de las criptomonedas, la ley le concede al Banco de México amplias facultades para determinar con qué activos virtuales podrán negociar las fintech. Las multas por utilizar activos virtuales no autorizados son considerables.
Asimismo, una disposición controvertida de la Ley exige que las instituciones de financiamiento colectivo compartan el riesgo de los proyectos de los clientes. La Ley establece condiciones previas para que las tarifas de las instituciones de financiamiento colectivo solo sean pagadas una vez que los proyectos de sus clientes alcancen los objetivos previstos. Si no se cumplen esta y otras condiciones allí citadas, este tipo de plataformas corre el riesgo de no recibir compensación por su servicio. Esto es muy probablemente el resultado de un escándalo ocurrido en 2016 en el que el fundador de un proyecto desapareció después de recibir fondos de casi doscientos inversores a través de una plataforma de financiamiento colectivo. Independientemente de las buenas intenciones de que estos requisitos puedan tener, evidentemente desvirtúan el modelo de negocio de estas empresas, ya que las actividades de financiamiento colectivo se limitan a brindar una plataforma donde la oferta de financiamiento encuentra a la demanda, y que las plataformas de financiamiento colectivo no obtienen ganancias del éxito o fracaso de los proyectos de sus usuarios.
Otra sección controvertida de la Ley Fintech limita a las fintech a recibir fondos de sus clientes y proporcionar fondos a estos a través de cuentas bancarias. La única excepción a esta regla es para aquellas fintech que obtienen una licencia para operar con dinero en efectivo, aunque esta parte de la norma deberá ser regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de regulaciones secundarias. Si esta limitación no se aborda correctamente, este conjunto de disposiciones podría afectar potencialmente el principio de inclusión financiera de la Ley al dejar de lado a la población no bancarizada y limitar la capacidad de las fintech de llegar a ella, lo que representa una parte fundamental de la legislación, dado que la mayor parte de la población mexicana no está bancarizada o se encuentra infra bancarizada.
Por otra parte, durante la fase de debate público del anteproyecto inicial, hubo comentarios de que el tamaño actual de la industria de fintech no justifica una legislación específica y que los requisitos sustanciales de capitalización que esta impone, similares a los exigidos a las entidades financieras tradicionales, no son adecuados para la naturaleza de las fintech.
Además, las autoridades reguladoras mexicanas tendrán que abordar las fricciones regulatorias de aceptar que las instituciones de financiamiento colectivo permitan que sus clientes ofrezcan títulos valores sin que se usen estas plataformas para evadir los requisitos de registro y calificación del inversor. La Ley Fintech no aborda directamente este asunto, sino que lo delega a las futuras regulaciones secundarias. El enfoque que adoptó la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) en los Estados Unidos podría servir como guía. La SEC emitió en 2016 la “Regulation Crowdfunding” (Regulación de financiamiento colectivo) que se basó en dos pilares: por un lado, creó una exención de registro en virtud de la Ley de Valores para ciertas ofertas de valores de “financiamiento colectivo” realizadas a través de “intermediarios de financiamiento colectivo” y, por otro lado, limitó el monto máximo de capital que puede ser recaudado y los montos de inversión individual de los participantes de la plataforma. El objetivo de esta estrategia fue brindar mayor acceso a capital para startups y medianas empresas sin sobrecargarlas con requisitos de registro ni reporte.
A pesar de todas estas dificultades, la mayor parte de la industria dio la bienvenida a la promulgación de la ley con la esperanza de que el aumento en costos regulatorios se compense a través de un aumento en la confianza de los inversores y consumidores en el mercado de fintech.
Del lado de las autoridades reguladoras, la Comisión Federal de Competencia Económica (la autoridad reguladora de la competencia de México) espera que la Ley Fintech ayude a traer más dinamismo e inclusión a un sistema financiero cuyos miembros, según la Comisión, tienen márgenes de rentabilidad superiores a los observados en economías con niveles de ingresos similares, carecen de incentivos apropiados para competir y han tenido un éxito limitado en la inclusión más plena de la población mexicana al sistema bancario.
Si bien es demasiado pronto para determinar cuál será el resultado final de la Ley Fintech, el futuro inmediato es prometedor para México. Al haber asumido el desafío de ser el primer país en legislar la actividad de las fintech en Latinoamérica, el país tiene mucho por ganar al abordar tempranamente la discusión de la regulación de las fintech.
